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PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL AFROCOLOMBIANA - UNION AFRO

 

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS

 

Ejes temáticos

Análisis de políticas de atención a la población desplazada

Retorno

Vida y resistencia y políticas de seguridad democrática

Agenda de paz

 

Los y las líderes de las organizaciones Afrocolombianas de desplazados de las diferentes regiones del país nos hemos dado cita en este Segundo Encuentro Nacional de Afrocolombianos Desplazados, el cual se enmarca dentro de la I Conferencia Nacional Afrocolombiana; con el fin de compartir nuestras vivencias, perspectivas y posibles soluciones a este flagelo que en gran manera se ha ensañado con la población afrocolombiana.

De otra parte, buscamos compartir el tratamiento y la forma como se está aplicando la política de atención a la población afrocolombiana desplazada por parte del Estado.

El presente documento busca recoger de forma general las propuestas y análisis hechos por quienes en su vida cotidiana tienen que hacer frente a esta situación. Queremos compartir con ustedes las apreciaciones, sentimientos, propuestas tendientes a buscarle salidas dignas a esta problemática que no nos permite realizarnos como pueblo con una cultura propia. Tenemos hechos concretos: el caso de Bojayá donde 6.000 personas fueron desplazadas a raíz de los atentados de mayo 2, de ellas 4.135 se encuentran en Quibdó.

 

Ejes temáticos

o   Análisis de políticas de atención a la población desplazada

Los delegados provenientes de las regiones muestran cómo el Estado colombiano realmente no le está colocando suficiente cuidado al fenómeno del desplazamiento. Los compañeros de Chocó manifiestan la ineficiencia de la Red de Solidaridad Social a la hora de dar cumplimiento a los mandatos de la Ley 387. Se han visto obligados a utilizar los diferentes mecanismos de participación ciudadana como la Acción de Tutela, Acciones de Cumplimiento, Derechos de Petición, con fallos a su favor. Sin embargo, las entidades encargadas han hecho caso omiso, como lo ilustra el desplazamiento obligatorio de la comunidad del municipio de Tabaco en la Guajira. Allí se interpuso una tutela contra la Compañía Intercor, sin embargo, la juez y el alcalde hicieron caso omiso de la misma.

Otro hecho que llama la atención es la negligencia por parte del Estado en cuanto a prevención. En la mayoría de los casos no tiene en cuenta las alertas tempranas formuladas por las comunidades, como la presentada por los habitantes de alto Naya y de Buenaventura en Mayo del 2000. La intervención oportuna por parte de las autoridades competentes hubiese podido evitar las masacres cometidas por el grupo paramilitar bloque Calima, que en su primera incursión dejó 12 muertes y miles de desplazados. A partir de ese ataque se desencadenó una serie de muertes selectivas sobre los líderes comunitarios. En otro caso similar, la alerta hecha por la Defensoría del Pueblo en los días previos a la masacre de Bojayá en mayo de este año fue minimizada, desatendida por las autoridades competentes. Se les informo de la movilización de los paramilitares y los grupos insurgentes y no tomaron las medidas correspondientes.

La población desplazada que ha llegado a las zonas marginadas de Cartagena, específicamente a los asentamientos de los barrios Nelson Mandela, el Pontón y Once de Noviembre, se han visto obligadas a vivir en condiciones infrahumanas y de fuerte violación de sus derechos humanos, la Red de Solidaridad Social no ha prestado ninguna atención. Además, en ellos han surgido los mal llamados grupos de limpieza social que infunden el terror con muertes selectivas, una tras otra.

Llama la atención el caso de Buenaventura con aproximadamente 10.000 personas desplazadas provenientes de los departamentos de Nariño, Chocó, Antioqueño, Tolima y Valle del Cauca. En su gran mayoría no han sido atendidos por la red de Solidaridad Social y, en los casos en que presta sus servicios, es de forma deficiente. A estos se le aúna el maltrato de los funcionarios hacía las personas desplazadas.

Como se puede observar, el fenómeno del desplazamiento ha afectado de manera muy particular a comunidades Afrocolombianas, no solamente en la región pacífica sino en todos los lugares donde hay asentamientos de comunidades negras, como lo expresaron los compañeros de los llanos orientales, los valles interandinos, etc.

Las diferentes delegaciones hacen un llamado a la Red de Solidaridad Social y al gobierno para que al momento de aplicar los mandatos de la ley 387, se haga de forma diferenciada: No se requiere la misma atención para un desplazado indígena, para un desplazado campesino del altiplano que la que se debe ofrecer a un Afrocolombiano. Es necesario que se tengan en cuenta nuestros hábitos alimenticios, nuestra cultura y nuestra forma de vida, éstos hacen parte fundamental de nuestra identidad como grupo étnico.

o   Retorno

Las comunidades están dispuestas a regresar a sus territorios siempre y cuando se ofrezcan condiciones de seguridad por parte del Estado. Antes de llevarlo a cabo debe lograrse la desmilitarización de los territorios por parte de los diferentes actores armados, incluida la fuerza pública.

De igual forma, para crear las condiciones propicias para el retorno, es importante que previamente se adelante un censo sobre nuestras tierras y el estado jurídico de las mismas y se expropien a quienes las estén usufructuando de mala fe.

El retorno implica ofrecer condiciones de vida digna, es decir que se construyan escuelas, vías de penetración y medios de comercialización de los productos de acuerdo a nuestra cultura. En nuestros territorios debe haber una reparación integral en lo económico y lo moral, apoyada por un proceso de reestabilización psicosocial.

De acuerdo a lo expuesto en la Ley 70 y en los principios rectores de atención al desplazamiento es importante que se consulte a las comunidades sobre su intención y condiciones de retorno.

Otro aspecto importante es la creación de un equipo nacional e internacional de verificación de los acuerdos firmados entre el Estado y las comunidades con el fin que se vigile su cumplimiento.

De igual forma, debe darse importancia a las necesidades particulares que presentan hombres, mujeres y jóvenes, cada uno requiere de la satisfacción de necesidades diferenciadas.

o   Vida y resistencia y políticas de seguridad democrática

Las comunidades han implementado estrategias con el fin de resistirse al proceso de desplazamiento. Entre ellas se encuentra la de moverse dentro de sus propias áreas. Es decir, adentrarse hacía su territorio temporalmente mientras los actores generadores del desplazamiento dejan de hacer presencia en la zona. Otra de las estrategias utilizadas es la generar procesos de seguridad alimentaría con los productos de la región. Así hacen frente al aislamiento económico al que las someten los diferentes actores armados.

La población Afrocolombiana, como estrategia política, diariamente se apropia más del concepto de concejos comunitarios, hace uso de ellos, busca consolidar su autonomía e imposibilitar que se produzcan desplazamientos. Es de resaltar el caso de Bojayá, Riosucio, donde los concejos comunitarios han asumido el papel desempeñado por los inspectores en la adquisición de dispositivos de control social interno y en la resolución de conflictos.

Otro mecanismo de resistencia que puede resultar efectivo es generar políticas educativas amplias e incluyentes. No sólo identificar sino también reconocer la importancia de los aportes hechos a través de la historia por el pueblo Afrocolombiano en la construcción del país. Es necesario trascender de la cátedra afrocolombiana a la creación y cumplimiento de un nuevo modelo educativo acorde con las necesidades reales del pueblo colombiano.

o   Agenda de paz

Nuestros territorios son importantes, su ubicación estratégica y su biodiversidad los hace apetecibles, no sólo a los diversos actores armados, sino a los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Se impulsan grandes megaproyectos sin tener en cuenta a las comunidades, violándoles, de esta forma, el derecho al desarrollo cultural y de la consulta previa.

Si entendemos la Paz como justicia social, es importante que se tengan en cuenta los intereses de las comunidades de las poblaciones afro. Proponemos diálogos regionales con amplia participación de la comunidad, pero, sobre todo, que se tengan en cuenta sus propuestas. Las conversaciones deben ser públicas y difundidas ampliamente por los medios masivos de comunicación y mediante la figura de los cabildos abiertos.

Los Afrocolombianos desplazados entendemos que la intensificación del conflicto armado en el país afecta nuestras comunidades, por esa razón exigimos la búsqueda de salidas negociadas por parte del Estado colombiano, los gremios económicos y los actores armados con la participación activa de la sociedad civil.

El problema de la corrupción en las diferentes instancias del Estado colombiano también genera violencia. Es necesario buscar herramientas eficaces que combatan este flagelo y evitar que empobrezca al pueblo colombiano y en especial a nuestras regiones.

Por último, el pueblo Afrocolombiano debe exigir al gobierno que cumpla con el mandato de la constitución nacional en relación a la participación. El pueblo Afro no se siente representado en las diferentes instancias de decisión.

Noviembre 22 y 23 (fecha de realización del encuentro)

 

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