Nuestra Propuesta - Plan de Acción - Mecanismos de Coordinación
Hoy día sobre el pueblo afrocolombiano aún perviven las secuelas de un pasado de ignominia y esclavización. Aún los 10 millones de hijos de la diáspora y sobrevivientes de la trata trasatlántica enfrentamos condiciones lamentables de discriminación, marginalidad, pobreza y exclusión, las cuales se constituyen en las amenazas estructurales que afectan el proyecto histórico de nuestro pueblo. El fundamento de nuestro plan colectivo es el legado ancestral de construir sobre nuestros territorios una vida con dignidad y libertad de acuerdo a nuestros valores culturales y étnicos. Estos valores los garantiza la conquista de los derechos colectivos, culturales, políticos, económicos y territoriales que como pueblo y etnia hemos logrado a través de siglos de lucha y de consolidación de un proceso organizativo y un movimiento social autónomo.
Además del lastre histórico heredado, la situación contemporánea de los afrodescendientes se torna más crítica por cuanto sobre nosotros viene recayendo todo el peso desproporcionado del conflicto armado interno que por mas 50 años ha sometido a la nación Colombia en un escenario dantesco de barbarie y colapso social. Un conflicto así por supuesto compromete seriamente, no solamente la vida, sino también nuestro proyecto histórico, nuestra cultura y nuestra civilización.
En muchos de los territorios y centros urbanos en los que ancestralmente habitamos, los afrocolombianos posemos coyuntural importancia económica, militar y política. Su ubicación los convierte en escenarios estratégicos para la guerra, la implementación de proyectos de desarrollo que buscan acercar a la nación a las agrestes fronteras de un proyecto hegemónico de la mundialización y el neoliberalismo. Sus impactos de por sí ya han degenerado en el deterioro de las condiciones de vida de los hijos de África. Desde el siglo XVI fuimos sometidos a la trata trasatlántica, a la esclavitud y el colonialismo, gravísimos crímenes de lesa humanidad aun no juzgados ni reparados.
Durante el desarrollo de La Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana, las delegaciones, organizaciones y líderes que desarrollamos la mesa de Vida y Resistencia hemos analizado con preocupación la manera como en Colombia el conflicto armando interno se ha agudizado en los últimos 10 años en nuestros territorios de tradicional asentamiento. Nos impactan violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Al tiempo, dentro de nuestros territorios se generan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario por parte del Estado y todos los grupos armados que han intensificado sin misericordia su actividad militar.
Del diagnóstico que ha hecho la mesa se necesita que la Conferencia Nacional Afrocolombiana denuncie ante el país y el Mundo la “Emergencia Humanitaria” en que nos encontramos los afrodescendientes. El conflicto armado interno ha agravado en extremo las precarias condiciones de vulnerabilidad en que nos encontramos el pueblo afro y sus comunidades. Aquellas asentadas en zonas de interés estratégico para los actores en conflicto tienen aún mayor precariedad. Megaproyectos, explotación de recursos naturales y mineros, imposición de monocultivos como la palma aceitera y el arracacho, explotaciones mineras y petroleras, construcción de infraestructuras turísticas, y especialmente objetivos de dominación militar con fines de control de actividades ilícitas y de tráfico de armas motivan a los actores de la guerra. Sobresalen así asentamientos como el Territorio Región del Pacífico, los Montes de María, el Sur de Sucre y de Bolívar, la Bota Caucana y el Putumayo, el Magdalena Medio, los valles geográficos del Patía, Cauca y Magdalena, el Cesar y la Guajira y las Islas de San Andrés y Providencia.
Durante los últimos 10 años la guerra en Colombia no sólo se ha librando en territorios de tradicional asentamiento de los pueblos afrodescendientes, sino que además se viene intensificando hacia los centros urbanos. El proceso de desruralización del conflicto, un fenómeno nuevo, hace más grave la situación de violación de derechos humanos de los afrodescendientes. Nos hemos visto forzados a ocupar cinturones de miseria y zonas subnormales de grandes ciudades que hoy sirven de escenarios de confrontación bélica, tal como ocurre en la Comuna Trece de Medellín, el Distrito de Aguablanca en Cali y en los Barrios Nelson Mandela, Nariño y la comunidad de Pasacaballos en Cartagena.
De este modo la Mesa de Vida y Resistencia pone de presente que la guerra que libran los actores armados en los territorios de los afrocolombianos trae graves impactos sociales, culturales, económicos y políticos, nos pone de cara al exterminio colectivo, al etnocidio. Perdemos la oportunidad real de que, como sujetos políticos con un proyecto colectivo de vida, aportemos a la construcción de la nación multiétnica y pluricultural deseada.
En efecto, como consecuencias traumáticas de la guerra los afrocolombianos sufrimos el desarraigo y la pérdida de la identidad étnica y cultural, sufrimos el mayor índice de desplazamiento forzado, altos niveles de inseguridad, descomposición social, desempleo y la desestructuración de las organizaciones básicas de la sociedad, de nuestros procesos organizativos. En nuestros territorios tradicionales el conflicto trae consigo situaciones de muertes selectivas, masacres, amenazas a representantes legales, líderes y juntas de los consejos comunitarios, bloqueos alimenticios, prohibición a la circulación, prohibición al ejercicio de nuestros rituales culturales, violación a nuestras mujeres, reclutamiento de nuestros jóvenes y la degradación de los valores espirituales. Asistimos a una clara violación de los derechos étnico-territoriales, de participación y desarrollo en el marco de las propias aspiraciones históricas, se ponen en peligro nuestros modelos culturales.
Nuestra propuesta
Somos conscientes de nuestra vulnerabilidad y seguridad, pero ante la “Emergencia Humanitaria” que vive el pueblo afrodescendiente reiteramos nuestra posición política de AUTONOMÍA y RESISTENCIA frente a la guerra. Esta posición política de ser AUTÓNOMOS Y RESISTENTES al conflicto se evoca en el marco de nuestro espíritu tradicional de vida con dignidad y libertad y en el derecho natural de la AUTODETERMINACIÓN que como pueblo y etnia hemos ganado y ejercemos. En este sentido desde este espacio de la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana, el movimiento social de los afrodescendientes nos AUTODETERMINAMOS en el sentido de apostarle a la construcción, al largo plazo y en medio del Estado Colombiano, de un proyecto real de nación y nacionalidad afrocolombiana.
La AUTONOMÍA no la declaramos sino que la ejercemos desde las dimensiones comunitarias, territorial y regional.
Autonomía comunitaria en el sentido que el proceso autonómico de los afrodescendientes se construye desde abajo. Esto implica generar un poder real en las comunidades a partir del fortalecimiento de su estructura social y sus procesos y expresiones organizativas. La autonomía comunitaria se concretiza además en la valoración de la identidad cultural, la recuperación de los valores tradicionales y de control social, en la vitalidad de la espiritualidad y en la reconstrucción de las instituciones tradicionales. Todos estos elementos se consideran claves en la formulación de un pensamiento afrocolombiano y necesarios para la formación de una mujer y un hombre nuevo.
Autonomía territorial en el sentido del ejercicio de controlar y dominar nuestros territorios ancestrales y tradicionales, fortalecer la institucionalidad de los consejos comunitarios, sus reglamentos internos, el ordenamiento territorial, el manejo sostenible de los recursos naturales, y garantizar la seguridad alimentaria y la libre y sana reproducción de la vida y la cultura.
Entender así el valor real del territorio nos lleva a dimensionar la autonomía regional como un proyecto político donde los afrocolombianos, de cara al Ordenamiento Territorial del País y de sus Instituciones, aportamos para la transformación real de la Nación colombiana. La autonomía regional la entendemos como una demanda de mayor democracia, mayor ejercicio de una ciudadanía cultural, mayor participación política. Se trata de una propuesta de carácter reconstructivo de la República, la cual debe ordenarse a partir del criterio cultural, donde cada pueblo desde su región pueda disfrutar de su cultura, sus instituciones sociales, económicas, jurídicas y políticas.
La otra estrategia que proponemos para sobrevivir al conflicto es la RESISTENCIA, entendida como la capacidad de ser y estar en nuestros territorios y una medida para evitar la desintegración social y cultural, producto del desarraigo, el desplazamiento, la discriminación y el etnocidio. Pero la RESISTENCIA frente al conflicto, no debe reducirse a la simple posición de “neutralidad” frente al mismo, ella trasciende como un derecho fundamental para preservar la vida, la cultura y nuestra sociedad. El pueblo afrocolombiano resiste en la medida que busca preservar su dignidad como pueblo, con sus costumbres y tradiciones que la distinguen de otras formas de ver el mundo.
Si bien la concepción de RESISTENCIA debe ser abierta y sus formas de respuesta deben ser consecuentes con el carácter heterogéneo y diverso de nuestras comunidades, es necesario que el pueblo afrocolombiano encuentre puntos conceptuales y metodológicos compartidos, a fin que la resistencia sea efectiva y coherente con nuestras aspiraciones de vida con dignidad y libertad. Habrá la necesidad de definir un cuerpo conceptual y contextual para edificar la resistencia a partir de la valoración y defensa del territorio como espacio para el ejercicio del ser, de la identidad y sus mecanismos culturales y rituales de defensa, desde la organización como instrumento político mediador y de confianza que autónomamente define el cómo, cuándo y dónde resistir.
Como una forma de resistencia se considera necesario que las comunidades asumamos la comprensión de la lógica de la guerra, la cual debe entenderse como un ejercicio pedagógico y de conciencia de que vivimos un periodo bélico y que en esa medida debemos responder de forma creativa y mediante el diseño de instrumentos reales preventivos para hacerle frente. Entender la lógica de la guerra es comprender que la insurgencia, la contra insurgencia y el Estado tienen sus proyectos políticos y que por tanto sus acciones no son deliberadas, sino que por el contrario obedecen a intereses específicos sobre nuestros territorios y, por tanto, van en contravía de nuestros ideales y aspiraciones políticas y culturales.
Otra forma eficaz de resistencia al conflicto y al etnocidio es el RETORNO. Lo consideramos una medida eficaz de reparación y de mitigación del impacto del desplazamiento. No debe darse mediante la adopción de políticas tibias y simples de reubicación o de avalúo y compra de bienes dejados por el desplazamiento, ni parcelación de tierras. El Gobierno Nacional debe garantizarles a los afrocolombianos su derecho humano fundamental del territorio. Por ello somos partidarios del RETORNO a nuestros territorios tradicionales y colectivos; ellos son el escenario vital que permite el florecimiento de la vida y la cultura con dignidad y en armonía con la naturaleza, acorde a nuestra cosmovisión. Con el retorno, los afrocolombianos desplazados somos consecuentes con el legado de nuestros ancestros de mantener la integridad y el control social del territorio como uno de los caminos para concretar el proyecto de autonomía.
Además del retorno a los territorios tradicionales, para los afrocolombianos desplazados la estrategia de resistencia implica el fortalecimiento institucional de nuestras organizaciones culturales, sociales y políticas tradicionales, en especial los consejos comunitarios. Por ley, los consejos administran el territorio y poseen un mandato de control social y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
El control social de nuestros territorios se garantiza, además, a través del fortalecimiento de los títulos colectivos. Estos instrumentos legales, al igual que los reglamentos internos, los planes de manejo ambiental y los planes de etnodesarrollo, garantizan tácticamente la apropiación territorial y nuestro camino hacia la autonomía. El conjunto de los afrocolombianos reclamamos del estado el fortalecimiento de los territorios colectivos como verdaderas Entidades Territoriales Afrocolombianas (ETAS)*. Deben ser reconocidas como espacios de autonomía territorial con su gobierno y administración propia por fuera de los municipios, con su régimen de competencias tanto administrativas como fiscales y de justicia, con capacidad plena en el manejo de los recursos naturales y del ambiente.
Plan de acción
1. La lucha por la supervivencia étnica y cultural, las formas de resistencia al conflicto y la defensa de nuestros derechos colectivos como etnia, deben articularse a las estrategias de resistencia y de lucha que otros pueblos de Colombia, de América y el Mundo están librando a fin de hacer un mundo socialmente más justo y culturalmente más tolerable. Urge internacionalizar nuestra problemática y solidarizarnos con la problemática de los demás sectores sociales oprimidos.
2. El Movimiento Social a través de la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana debe pronunciarse frente al contexto hegemónico del neoliberalismo, de las políticas integracionistas como el ALCA, las medidas de seguridad militaristas y las estrategias económicas de guerra como el Plan Colombia, el estado de conmoción interior, la política de seguridad democrática del Presidente Uribe y la declaratoria de zonas de rehabilitación a nuestros territorios tradicionales. Las consideramos contrarias a las aspiraciones de los pueblos oprimidos y marginados del mundo y de la nación colombiana, amenazan nuestro proyecto de vivir con libertad y dignidad.
3. El Movimiento social debe propiciar espacios de reflexión, sensibilización e intercambio de experiencias sobre la crisis humanitaria y el impacto del conflicto, que la resistencia no sea una acción aislada de una comunidad, una región o una organización, sino que responda al criterio de la solidaridad y la unidad de todos los pueblos y etnias. En ese sentido, las experiencias de los Foros Solidaridad Chocó ya son una experiencia.
4. Se deben implementar medidas autónomas de protección y de seguridad a nuestros líderes amenazados y desplazados, que no sólo les garanticemos su vida sino también la continuidad de su proceso político de apoyo y orientación, así sea desde otra comunidad.
5. Frente a las ayudas humanitarias, las instituciones de ayuda deben revisar su política asistencialista a las comunidades victimas del conflicto. La forma como ésta se implementa permite legitimar el desplazamiento, genera dependencias a nuestras comunidades desplazadas. Las ayudas humanitarias deben asumir su carácter preventivo y de fortalecimiento de las comunidades resistentes.
6. El desplazamiento debe atenderse desde los procesos organizativos y éstos operar como instrumentos autónomos que coordinen acciones humanitarias. Rechazamos las políticas de reubicación, las consideramos nocivas a nuestra visión de territorialidad.
7. Considerar y exaltar, frente a Colombia y el Mundo, los actos experimentales de valentía y de resistencia frente a la guerra de comunidades hermanas como El Charco (Nariño) o Santa Rita de Iró (Chocó). Ellas, como en tiempos del esclavismo, han sabido enfrentar con bravura a los actores de la guerra exigiéndoles respetar y abandonar nuestros territorios.
8. Se considera necesario diseñar y concertar “Acuerdos Humanitarios Regionales” propuestos de forma autónoma y puestos a consideración de los actores en conflictos, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con una salida al conflicto.
9. En cuanto a los cultivos con fines ilícitos dentro de nuestros territorios, consideramos que éstos son una estrategia planificada para romper la revolución étnica en nuestras regiones étnicas, contribuyen a la fragmentación de las practicas tradicionales de producción, atentan contra la autonomía alimentaria, descomponen el equilibrio social y destruyen la noción cultural de convivencia armónica con la sociedad y la naturaleza. Por lo tanto las organizaciones deben pronunciarse públicamente y rechazar esta practica, a la vez que debemos controlar internamente dichos cultivos por medio de nuestros reglamentos internos y manuales de convivencia.
10. Denunciar ante organismos Internacionales las actitudes conscientes y complacientes que en algunos escenarios geográficos la fuerza pública muestra en sospechosa relación con agentes de la guerra, en especial con los contrainsurgentes. De igual forma somos sensibles a las actitudes parciales y poco confiables de algunos organismos de control del Estado en momentos de salvaguardar la honra y bien de los ciudadanos y la protección de los derechos humanos.
12. Denunciar la situación de extrema vulnerabilidad y amenazas en que se encuentran un cúmulo de lideres y hermanos nuestros señalados como objetivos militares por los actores de la guerra. Así mismo exigimos medidas cautelares de protección para que se les respete la vida y honra a las comunidades campesinas que, como las del Alto San Juan, Condoto e Iró, en este momento se encuentran emplazadas, acusadas de ser de un bando o del otro, hasta el punto de que se anuncian tragedias similares a las del Naya y Bellavista.
13. Frente a las acciones específicas para enfrentar el conflicto de forma inmediata y asumir el Retorno como medida mitigante a la desterritorialización y el desarraigo, proponemos que desde lo local se asuman medidas como
Mecanismos de coordinación
1. El Movimiento social afrocolombiano debe crear una red permanente de comunicación, de coordinación, de denuncia y de alerta en torno a la violación de nuestros derechos humanos y culturales y frente a las infracciones del DIH en nuestros territorios.
2. La Conferencia debe crear un Comité Autónomo de Atención a la Emergencia Humanitaria de las Afrodescendientes en Colombia. Este comité debe ser permanente, operativo, con asiento en Bogotá, y su función principal servir de enlace y denunciar nacional e internacional cualquier acto de violación de nuestros derechos humanos y culturales. Este comité debe ser alimentado por redes de alertas tempranas desde las regiones para activar las organizaciones y así monitorear la crisis humanitaria.
* Subrayado del digitador.