(Bogotá, octubre 10) – El pasado 21 de septiembre la Alianza conformada por El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio, Fescol y el PNUD realizó en Bogotá el foro “Paramilitarismo, desmovilización y política. ¿Qué va a pasar con las AUC?”.
Este foro se enmarca en la serie de debates que con expertos en los temas de coyuntura realiza la Alianza. Frente a la gran demanda de información sobre el desarrollo del evento, hacemos llegar una relatoría de los cuatro paneles. Como observarán los lectores, el foro abrió el diálogo a la controversia respetuosa, a la formulación de propuestas, a la denuncia y al planteamiento de opciones relevantes para la actual coyuntura política, pero así mismo, y sobre todo, para el futuro del país.
De igual modo, se adjuntan las ponencias del director a.i. de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Amerigo Incalcaterra (panel 1), y del senador Rafael Pardo (panel 3):
Panel 1: Alcances de la Ley de justicia y paz
Panel 2: Los paramilitares y la reinserción
Panel 3: Los ex paramilitares y su participación en política
Moderador: Alejandro Santos, director revista Semana
Ponente: Mario Iguarán, fiscal general de la Nación
Panelistas: Amerigo Incalcaterra (director a.i. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Roberto Camacho, senador de la República; Markus Schultze-Kraf, director Colombia / Andes Project International Crisis Group; Alirio Uribe, director Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Iván Cepeda, columnista de El Espectador.
Ponente: Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán
El Fiscal señaló que la Ley de Justicia y Paz incluye tres componentes: normas rectoras, procedimiento e implementación.
Las normas rectoras: conciernen al principio de universalidad. Durante el proceso de formación de la Ley sostuvo encuentros con los diversos sectores interesados en ella, incluso por ser potenciales beneficiarios.
La Ley indica qué es justicia, qué es verdad y qué es reparación. Ciertamente, afirmó el Fiscal General, dentro de Ley la justicia no corresponde al contexto tradicional de proporcionalidad. Pero justicia también es conformidad: “si las víctimas, si los colombianos, con su voluntad exteriorizada a través del Congreso, se sienten conformes con ocho años de prisión, con reparación integral, verdad y justicia, podemos considerar que esa conformidad corresponde al término de justicia”. De todos modos, destacó, la Ley es un marco que sólo arroja una verdad jurídica, una verdad procesal. La Ley no impide que se activen otros mecanismos, incluso administrativos, para que se conozca la verdad. Es el caso de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que recomendará los criterios de reparación. Al respecto, el Fiscal consideró que al menos en el papel lo contemplado por la Ley en reparación es suficiente (incluye restitución, rehabilitación, compensación económica, reparación simbólica y reparación colectiva): “Tenemos una ley que no es perfecta, pero que contempla todos los tópicos; es responsabilidad nuestra que a través de ella se puedan lograr la justicia, la verdad y la reparación”.
En cuanto al procedimiento: es una etapa que surte el Gobierno para determinar quiénes pueden ir en la lista porque cumplen los requisitos de elegibilidad (desmovilización, desmantelamiento, entrega de secuestrados, entrega de bienes, cese de hostilidades, entrega de menores). El Fiscal sostuvo que sería prudente que el decreto reglamentario estableciera tiempos y responsabilidades respecto a los requisitos de elegibilidad para poder comenzar a aplicar la Ley. Para ello la Fiscalía estádo preparando un equipo especializado. “Tengo que reconocer -afirmó- que tomamos nota de las observaciones hechas por la sociedad civil. Por eso le hemos solicitado a la cooperación internacional el adiestramiento de nuestros fiscales para conocer sobre los delitos que incorpora la Ley”. Afirmó así mismo que la imputación no será con base en lo confesado, sino con base en la información legalmente obtenida; por ello se le ha pedido la sociedad civil brindar información sobre las personas que creen van a someterse a la Ley.
Con base en lo confesado y en la información legalmente obtenida, la Fiscalía tendrá 60 días para desarrollar el proceso: “yo también creo que 60 días son muy pocos para hacer una investigación de esta naturaleza. Pero esto es más que una investigación: la Fiscalía y los jueces harán un proceso de verificación. La esencia de la Ley es la disposición por parte de estas personas a asumir la responsabilidad, a colaborar con la justicia y con la verdad. La Fiscalía y los jueces van es, sobre todo, a verificar unas imputaciones y unos cargos para llamarlos a juicio”.
El debate
Dos perspectivas desde la comunidad internacional
En su intervención (se adjunta), Amerigo Incalcaterra, director a.i. de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó cuáles son las principales funciones de su Oficina tal como se acordó entre el Gobierno y las Naciones Unidas: asesorar y acompañar al Estado para que en materia de derechos humanos las leyes sean respetuosas de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
La Ley 975 se inscribe en un proceso de tránsito de grupos ilegales a la legalidad, por lo que se enmarca en la justicia transicional, que exige salvaguardar tanto los derechos de las víctimas como la justicia. Un proceso de reparación exige conocer la verdad. De lo contrario, se preguntó, "¿sobre qué bases se puede hacer un proceso de reparación?". El enfoque de la OACNUDH ha sido el de prestar su asesoría para que se fortalezcan esos elementos. Sin embargo, la Ley ofrece el mismo tratamiento a las desmovilizaciones colectivas que a las individuales, lo cual no estimula los acuerdos colectivos. Recordó que en su último informe sobre Colombia, correspondiente al año 2004 y presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en el pasado mes de abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, recomendó al Gobierno y al Congreso, que en las negociaciones entre el Estado y grupos armados ilegales, se estableciera un marco jurídico con mecanismos que reconocieran y garantizaran los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
En este sentido, la Oficina reitera que la normativa no reúne los elementos esenciales aconsejables para una justicia transicional que, en tanto un instrumento para lograr una paz sostenible, logre dos objetivos: ofrecer beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades; y garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por los miembros de esos grupos.
Para una mayor eficacia en su tarea de observación, la Oficina ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Procuraduría General de la Nación una serie de preguntas sobre las medidas que estas instituciones adoptarán para ejercer las competencias que prevé la ley. Entre ellas, Amerigo Incalcaterra mencionó:
- ¿Qué dependencias del Gobierno elaborarán y entregarán la lista de personas que serán potenciales beneficiarias de la ley?
- ¿Qué autoridades estatales certificarán el cumplimiento de cada uno de los requisitos de elegibilidad, en qué tiempo?
- ¿Qué debe entenderse por desmantelamiento de un grupo armado organizado al margen de la ley?
- ¿Cómo hará el Estado para elaborar la relación de la totalidad de los bienes productos de la actividad ilegal de las personas procesadas?
- ¿Cuál será el contenido del acta de compromiso suscrita por el desmovilizado individual ante el Gobierno?
- ¿Cuál será el lugar de permanencia de los imputados durante la investigación?
- ¿Cuáles son las acciones previstas para tomar adecuadamente en cuenta factores como la edad, el género y la salud de las víctimas?
- ¿Qué instrucciones se darán a los fiscales para el buen abordaje de los interrogatorios?
- ¿Qué criterio se aplicará para acumular las penas alternativas cuando, con posterioridad a la sentencia impuesta al desmovilizado, se conozca la comisión de otros hechos punibles?
- ¿Qué tipo de capacitación se prevé para los funcionarios de la rama judicial y del ministerio público que tendrán a su cargo las actuaciones señaladas en la ley?
Markus Schultze-Kraft, director en Colombia del Andean Project International Crisis Group, manifestó su preocupación en dos puntos: 1. La Fiscalía General de la Nación no debe tratar de defender la Ley sino en implementarla, 2. La Ley surgió en un momento político difícil. Por eso hay que mirarla en conjunto con otros contextos (el intercambio humanitario, el desplazamiento, etc…). Frente a estos puntos, posteriormente el Fiscal General reiteró que su preocupación no es defender la Ley sino aplicarla. Schultze compartió su preocupación con el público: ¿cómo fortalecer la institucionalidad colombiana para el alcance de la verdad, la justicia y la reparación?
Desde el Congreso
El senador Roberto Camacho afirmó a su turno que la Ley de Justicia y Paz es un proyecto innovador y único, sin precedentes: “La ley es pionera y puede convertirse en un marco referencial para otros procesos internacionales”. En este sentido, se enmarca en un contexto de proceso de paz acordado por las partes y no es fruto del sometimiento a la justicia, como hubiese sido el ideal. De igual modo, señaló que el fenómeno paramilitar sí se inscribe en el fenómeno político desde el punto de vista del concepto de Estado fallido. Éste explica el surgimiento de ejércitos paraestatales que usurpan el poder como acto de defensa y autoridad. Al buscar llenar el vacío histórico dejado por el Estado, el paramilitarismo se convierte para el senador Camacho en un acto de corte político.
Sobre la posibilidad de una intervención en política de quienes fueron miembros de grupos paramilitares, el congresista afirmó que los beneficiarios de la Ley no podrían participar en política por haber sido condenados por delitos graves.
¿Y las víctimas?
Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, resaltó que la ley no establece consecuencias por no decir la verdad, y esto la convierte en un proceso de auto perdón. Con base en datos de la Fiscalía, presentó algunas cifras: en agosto del 2005, existían 11.414 paramilitares reinsertados, de los cuales 2.616 lo hicieron de forma individual y 8.798 de forma colectiva; además de 5005 guerrilleros. Esto genera un total de 16.419 personas. De todos ellos, a tan sólo 55 les es aplicada la Ley 975. Por tanto, la calificó de ley “residual” a la Ley 782 y del Decreto 128, pues se aplica al 1% de los desmovilizados.
Según Uribe, la Ley de Justicia y Paz permite una continuidad de la estructura paramilitar, ya que no busca detener su funcionamiento, sino “hacerle una reingeniería al paramilitarismo”. La verdad depende del reconocimiento de culpa por parte del desmovilizado y del proceso de acogimiento de acusación.
El columnista Iván Cepeda recordó que en las últimas décadas se han creado varias asociaciones de víctimas que deberían tener la posibilidad de participar activamente en el proceso y no bajo la figura de una Comisión. “Las víctimas no necesitamos que nos representen”, manifestó Cepeda. Añadió que estas víctimas son desconocidas por una Ley que tampoco reconoce la participación de agentes estatales en crímenes de lesa humanidad. La participación de las víctimas no se resuelve en foros, sino cuando son sujetos procesales, lo cual la ley no garantiza, añadió. Para el panelista, la Ley no es un acuerdo entre las partes y no le resta poder a los grupos paramilitares: “esto no corresponde a la ley sino a la voluntad política”. Iván Cepeda entregó al Fiscal General un informe con 14.400 casos en los que estarían implicados grupos paramilitares y funcionarios del Estado.
Moderador: Rodrigo Pardo, editor revista Semana.
Ponente: Mauricio Romero, investigador
Panelistas: Alfredo Witschi-Cestari, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Alonso Salazar, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín; Darío Villamizar, coordinador del Programa de la Alcaldía de Bogotá de Atención a la Población Reincorporada complementario al Programa de Reinserción del Gobierno Nacional; Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia; José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos; Juan B. Pérez, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Jairo Libreros experto en seguridad y defensa de la Universidad Externado de Colombia.
Ponente, Mauricio Romero:
El tema del paramilitarismo se mueve entre dos polos: por un lado están los optimistas, para quienes el país está atravesando por un periodo de transición hacia el post-conflicto y la paz; en el otro extremo están quienes afirman que vivimos en un periodo de consolidación de nuevas mayorías electorales con una alta probabilidad de que el conflicto y la violencia se prolonguen. Centroamérica podría ser un referente importante para abordar estos temas en varios aspectos:
El debate
Una perspectiva amplia de la reincorporación
Alfredo Witschi-Cestari, representante residente del PNUD, planteó que el reto de la reinserción es un problema de hoy y debe por tanto resolverse hoy. Señaló que de acuerdo con la información existente, "el proceso parece no estar cumpliendo con unos principios básicos de reconciliación a partir de los cuales podría forjarse una paz más sólida: pero sin reconciliación el proceso definitivamente fracasa".
Más allá de las críticas o elogios que puedan hacerse a la Ley de justicia y paz, el Representante del PNUD señaló que ésta debe ser aplicada y complementada con otro tipo de leyes y acciones: "En cualquier caso la Ley es sólo una parte de un proceso amplio que incluye la definición de soluciones concretas también para las víctimas, para los desplazados, para las comunidades afectadas por el conflicto, que también deben reinsertarse y beneficiarse de todo el proceso". En conclusión, una visión de conjunto e integradora facilitaría un proceso de reincorporación. De tal modo que si bien existe hay unos compromisos del gobierno central, la reinserción debería involucrar al Estado en su conjunto, ya que concierne a todo el Gabinete y a toda la institucionalidad. Ello, sin ignorar el rol de otros sectores como la Iglesia, el sector privado, los entes regionales y locales. "No olvidemos que guerra, conflicto, significa destrucción. La reconstrucción involucra a todos los sectores económicos, políticos, sociales y comunitarios. Se requieren procesos de coordinación política".
En cuanto a la Comisión de reconciliación afirmó que se trata de un organismo que ante las necesidades actuales debe ser empleado y aprovechado al máximo, buscando su mayor y mejor incidencia en la reparación y el logro de un proceso de reconciliación.
Los gobiernos locales frente al tema de la reinserción. Los casos de Bogotá y Medellín
Tanto Bogotá como Medellín se han constituido en centros receptores de la afluencia de desmovilizados en proceso de reinserción hacia la vida civil. Pero hay importantes diferencias.
Para el caso de Bogotá, Darío Villamizar, coordinador del Programa de la Alcaldía Mayor para complementar las acciones y compromisos del Gobierno, explicó que la población reincorporada incluye miembros de las autodefensas y de las guerrillas que se desmovilizaron individualmente y no a través de procesos de negociación.
La capital concentra la mayor parte de esta población. La Alcaldía ha creado un programa que trabaja con las alcaldías locales en complementariedad con el gobierno, aún cuando no se comparten todas las políticas. Afirmó que para el Gobierno Nacional el programa de reinserción es funcional a los marcos de la política de seguridad democrática, mientras que la Alcaldía trata de lograr que la reincorporación se convierta en un proceso de reconciliación. De modo que hay varios actores fundamentales en este escenario: los reincorporados, la población receptora, el gobierno nacional, el gobierno distrital y las organizaciones sociales.
La Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, señaló Villamizar, no comparte la política del Gobierno Nacional en lo concerniente a la participación de ex-miembros de las autodefensas en operaciones militares adelantadas por las Fuerzas del Estado. Para el Gobierno Distrital esta participación debe ser de carácter voluntario y no debe constituirse en un requisito para que los reinsertados puedan acceder a los beneficios económicos y de ley que el Gobierno Nacional ha diseñado. El problema ha tomado tales dimensiones que a modo de ver de la Alcaldía, los incidentes presentados en meses anteriores en algunos albergues de la ciudad deben ser interpretados como retaliaciones directas por la participación de antiguos miembros de las autodefensas en operaciones militares.
La Alcaldía de Bogotá viene desarrollando programas específicos para que el paso de los desmovilizados de los albergues a hogares comunes en los barrios sea lo menos traumático posible y por tanto ha trabajado para acercarle la oferta distrital a los desmovilizados en una labor que se está realizando mancomunadamente con las alcaldías locales.
El Gobierno Distrital invita a otras ciudades del país, para que con la participación de las Naciones Unidas, se intercambien de modo urgente las diversas experiencias y aprendizajes existentes en el tema de la desmovilización.
Para el caso de Medellín, su secretario de gobierno Alonso Salazar, recordó que el gobierno de la ciudad apoyó el proceso y hoy la administración puede afirmar que cuenta con un relativo éxito en los programas de reinserción con los desmovilizados de las autodefensas. Los programas han operado bajo dos supuestos principales:
La reinserción y los pueblos indígenas
En representación de las organizaciones indígenas, Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, precisó que las comunidades indígenas, las negritudes y todas las minorías étnicas han sido directamente afectadas por las dinámicas de la confrontación armada. Por eso, en cuanto a la reinserción, consideran que aceptar el proceso implica que se conozca la verdad sobre todos los que han participado de una u otra forma en acciones bélicas con efectos muy negativos y dolorosos para la población. Un escenario de verdad incluye determinar el grado de responsabilidad del Estado ya sea por acción directa o por omisión.
El Presidente de la ONIC plantea que la reparación no puede olvidar la devolución de las tierras a aquellas comunidades indígenas, negras y campesinas a las cuales les fue usurpada mediante el empleo ilegitimo de la violencia. También pasa por el efectivo desmantelamiento de la estructura paramilitar que ha operado en Colombia por varios años. Al igual que el Distrito Capital, señaló cuestionamientos de los indígenas frente a la participación de ex-combatientes paramilitares en operaciones militares.
"Deben abrirse escenarios para escuchar las voces de las comunidades", a lo que añadió: "Los derechos de los reinsertados no pueden violar en forma directa o indirecta los derechos de las víctimas".
La reinserción y el sector productivo
Desde el sector privado, José Luis Lafaurie, presidente de Fedegan, coincidió con las anteriores intervenciones en el sentido de que el país ha avanzado más en desmovilización, menos en reinserción y muy poco en atención a los territorios. En parte ello se debe a que en Colombia no hay conciencia ni conocimiento sobre lo que sucede en las regiones. De otro lado según el Presidente de Fedegan el proceso debe garantizar tres cosas básicas:
Por último señaló que si la sociedad colombiana no acoge a los desmovilizados, dejará una mano de obra altamente calificada para la guerra, y que sin duda impulsará procesos ilegales como el narcotráfico.
La perspectiva del Gobierno Nacional
Juan B. Pérez, asesor del Alto Comisionado para la Paz, destacó los beneficios generados por el proceso de negociación y desmovilización, especialmente en materia de orden público (por ejemplo, reducción en homicidios, secuestros, reclutamiento de menores y masacres). Según las proyecciones gubernamentales, al finalizar el 2005 alrededor de 22.000 miembros de la AUC habrán dejado las armas como resultado del proceso con esta organización y sus diversas facciones.
Señaló que la negociación no ha sido fácil. Para el Gobierno esta desmovilización es un mecanismo que le abre las puertas a un eventual proceso de paz con los grupos guerrilleros, en la medida en que éstos siempre han insistido en la necesidad de acabar con el paramilitarismo como condición fundamental para iniciar un proceso de negociación. A su turno, es fundamental que el Estado recupere de manera definitiva el ejercicio de la autoridad legítima y el monopolio de las armas.
Incorporar a los desmovilizados a las dinámicas económicas es un gran reto para las autoridades. De acuerdo con Juan B. Pérez, el Gobierno tiene claro que si bien a estas personas se les debe ofrecer una ocupación, no es serio pensar que estarán dispuestas a integrarse al mercado laboral en condiciones similares a las de un trabajador que devengue el salario mínimo, es decir, en condiciones sociales y económicas comparativamente inferiores a las que tenían antes de salir de la ilegalidad. Por esta razón se están considerando programas que apuntan a convertir a los desmovilizados en trabajadores productivos que paulatinamente obtengan la posibilidad de constituirse en socios de sus negocios, o incluso en verdaderos empresarios. Para lograrlo es definitiva la participación del sector privado, que a su vez debe contribuir a generar tejido social. Así mismo, deben tomar parte de este proceso los campesinos de las diversas regiones e incluso grupos de desplazados no causados por los grupos paramilitares.
En cuanto a la financiación de los proyectos productivos, la nación ha proyectado que debe provenir fundamentalmente de créditos a través del sistema financiero y de créditos agropecuarios, en dineros que se trabajarían a través de una fiducia encargada del manejo de los recursos. La idea es establecer al menos ocho empresas que vinculen a no menos de 4.000 cabezas de familia, incluidos no sólo desmovilizados sino también población desplazada. En el caso de los proyectos agrícolas, el origen de las tierras otorgadas a los desmovilizados debe ser absolutamente transparente. Esta transparencia será garantizada por los organismos de control de Estado, por la Defensoría del Pueblo y por las entidades oficiales mediante la creación de comités locales.
Para el representante del Alto Comisionado, aquellos reinsertados a los que se les comprueben problemas de orden penal no podrán ser parte del proceso. Por último, resaltó la importancia que el tema tiene para los medios de comunicación y los exhortó no solo a que se fijaran en las dificultades del proceso sino que adicionalmente se interesaran por los resultados de los programas.
La reinserción y el mercado ilícito de armas
Jairo Libreros, investigador de la Universidad Externado de Colombia , abordó el tráfico de armas y su relación con el proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares.
Con base en lo sucedido a partir de los procesos de paz en Centroamérica, Libreros afirmó que podría preverse un aumento en las tasas de homicidio en las ciudades por la cantidad de armas que entran al mercado negro. Esto implicaría un crecimiento exponencial en índices de homicidios, grupos de pandillas y en el aumento de grupos de seguridad privada.
Es un tema que compromete a todos los sectores de la sociedad, pero la responsabilidad y la dirección está en manos del Gobierno Nacional, afirmó Libreros. Si bien no es probable que en Colombia nazcan pandillas como las centroamericanas, el Estado debe estar atento a que en los procesos de paz no hay una equivalencia hombre desmovilizado/arma entregada. El problema es tan grave que según los estimativos:
Moderador: Roberto Pombo, editor general El Tiempo
Ponente: Senador Rafael Pardo
Expertos: Francisco Leal Buitrago, docente Universidad de Los Andes; María Jimena Dusán, periodista y columnista; Juan Manuel Toro, representante de la Federación Nacional de Concejales - Orinoquía; Carlos Alonso Lucio, asesor político del proceso de desmovilización de Santafé de Ralito; León Valencia, director Corporación Nuevo Arco Iris; Carlos Gaviria Díaz, senador de la República; Claudia López, columnista Semana.com.
Ponencia del senador Rafael Pardo:
Desmovilización y reincorporación
Uno de los problemas de fondo del proceso de desmovilización es el económico, ya que se pretende convertir en microempresarios urbanos y legales a personas que vienen de la ilegalidad armada. Pero es necesario encontrar mecanismos para que la gente pueda tener empleo, pero en un contexto que evite generar situaciones de desigualdad con los excombatientes legales. Por ello, en los procesos y beneficios de la reincorporación debería incluirse a los excombatientes del servicio militar obligatorio, una población muy pobre y vulnerable “que debería tener acceso por lo menos a becas y cupos que les permitan terminar su secundaria”.
El debate:
El contexto político-histórico
Para enmarcar el contexto, el investigador Francisco Leal señaló que los relevos de elites en la historia del país no han alterado la concentración de la riqueza y el ingreso, lo cual es un indicador de su ineficacia política. La debilidad política del Estado colombiano ha sido una constante fundamental, de la cual surgen vacíos de poder que dejan espacio a la ilegalidad y debilitan la democracia.
Hizo un breve recuento del proceso: el más reciente relevo de elites regionales se dio en la década de 1980. En ese contexto, el narcotráfico y el paramilitarismo se fortalecieron y consolidaron entre las elites políticas, sobre todo las rurales. Con la complacencia de sectores regionales, desde 1990 se abrió paso un nuevo proyecto político, que fracasó. Surgieron nuevas redes regionales que con la violencia impusieron el control de las llamadas ‘empresas ilegales’. Es un proyecto político alternativo que transforma estructuras económicas, políticas y sociales. No fue un fenómeno de movilidad social sino de legitimación de la ilegalidad. La base de este proyecto fue la violencia, el enriquecimiento ilícito y el desplazamiento. Por esas razones puede calificarse como un ‘proyecto político mafioso’. Es ahí en donde se imbrican los procesos de negociación, desmovilización y los proyectos de ley que condujeron a la Ley de Justicia y Paz.
El resultado fue una evidente debilidad de la democracia política liberal que se reconoce en la ausencia de partidos políticos fuertes y un sistema electoral ineficiente. La nueva elite política que está preparando su relevo, continúa con las prácticas clientelistas y corruptas, además de legitimar la violencia, la criminalidad y la ilegalidad.
¿Cómo contrarrestar este fenómeno? Si bien hay que admitir que se trata de un hecho que ya se posicionó, es posible debilitarlo, siempre y cuando se tomen medidas institucionales como el respeto por la institucionalidad; el fortalecimiento de la reforma política; la reforma del sistema electoral y, como complemento, la búsqueda de un sistema de partidos que sea funcional a la democracia.
Derechos políticos de facto - Bandolerización vs. reincorporación
Carlos Alonso Lucio, en su calidad de asesor político del proceso de desmovilización de Santafé de Ralito, señaló que hay un afán en la desmovilización que dejó atrás los temas del posconflicto: "el proceso se ha centrado en recoger listados, recibir los fusiles y pagar 358.000 mensualmente a cada desmovilizado". Se trata así de un proceso de paz parcial que se ocupó de la desmovilización, y ésta marcha más rápido que la reincorporación social y la formación de proyectos productivos. Esta lentitud deja a su paso una posible multiplicación de la bandolerización y la delincuencia de los desmovilizados, teniendo en cuenta que no hay control sobre las actividades de los excombatientes. Lucio propuso crear un sistema de guardias rurales para controlar temporalmente ese alto grupo de personas que se está reincorporando a la violencia.
El Estado, afirmó, ha debido asumir la incorporación de los desmovilizados permitiendo, por ejemplo, que se les diera una formación y una disciplina militar a cargo de las Fuerzas Militares. Otro problema determinante, que ni el Gobierno ni las Auc han tenido la voluntad asumir, es el del narcotráfico, que puede entrar en una fase de ruralización, complicando el conflicto y la respuesta estatal. Es posible que éste absorba a un alto porcentaje de los desmovilizados.
En referencia a lo político, afirmó que el paramilitarismo es más un fenómeno político que una organización política por lo que no considera viable la creación de un solo partido político. El punto de unión fue la lucha antiguerrillera. Pero sí es un fenómeno regionalizado, federativo, con independencia entre los bloques, sin una identidad política. "Otra cosa es que puedan tener una incidencia alta en la actividad política regional, ejerciendo oficialmente unos derechos políticos que han asumido, de facto, en la clandestinidad. Es más preocupante garantizar el pluralismo y los derechos políticos de las demás fuerzas en las regiones dominadas por el paramilitarismo; son regiones en donde la violencia está protagonizando la política".
Los “innombrables” y su participación en política
La columnista María Jimena Dusán afirmó que la intervención en política no es negativa, siempre y cuando se respete la dignidad de las víctimas, algo que aparentemente, no está pasando. La nueva clase política, que según ella podría denominarse como ‘los innombrables’, no le habla claro al país, impone sus candidatos a punta de clientelismo armado, temor y autocensura en los medios de comunicación locales y regionales. Es una elite rural que pretende tomarse el centro, operando como un factor de desplazamiento de los caciques políticos tradicionales. Pero no sólo operan a través de la actual clase política; también están incluyendo a personas que aún hacen parte de las organizaciones paramilitares, de las cuáles cabe preguntarse si tienen cuentas pendientes con la justicia frente a lo establecido por la Ley de justicia y paz. De acuerdo con la columnista, estas personas aparecen como segundos renglones en listas relacionadas con el uribismo. Desde el punto de vista del periodismo, hay una responsabilidad por revelar los nombres de ‘los innombrables’, pues se está llegando a una situación similar a la que se vivía en la época de Pablo Escobar.
En este tema, Carlos Gaviria, senador y candidato presidencial, cuestionó, más allá de que sean o no “innombrables”, las razones de tantas distorsiones en el tratamiento dado a los paramilitares. Afirmó que la Ley de justicia y paz es una ley de cumplimiento de promesas electorales. "Sigo sin aceptar que el paramilitarismo sea un delito político", afirmó. La ley contiene a su juicio dos despropósitos: que las autodefensas aporten voluntariamente a un fondo de reparación bienes adquiridos ilegítima e ilegalmente; que se les trate como delincuentes políticos, cuando han cometido delitos de lesa humanidad y, en su lucha contraguerrillera, no han buscado cambiar el modelo de Estado vigente, sino reforzar o suplir la acción del Estado. "¿Cómo es posible alcanzar la paz sin la reparación a las víctimas?", se preguntó.
La democracia frente a los cambios en el mapa político
Con base en dos investigaciones realizadas separadamente, el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, y la investigadora Claudia López, afirmaron que el país debe aceptar que en la Costa Atlántica colombiana los paramilitares ganaron la guerra, en cuanto cambiaron el mapa político.
León Valencia mostró que las alianzas políticas se transformaron en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, César, Guajira, Antioquia; además de Arauca, los Santanderes y Casanare. "En este conflicto quienes más han perdido son la democracia, la Constitución Política de 1991, los derechos humanos y las elites regionales que hicieron la Constitución El país asiste a una recomposición de la vida política nacional", explicó Valencia. Y agregó que la desmovilización de los paramilitares será parcial ya que no se han dado todas las variables que ellos exigen, la más importante de ellas, la derrota militar de las Farc. Valencia planteó que, por consiguiente, ante esta realidad la batalla de la sociedad colombiana debería ser empezar a buscar una transición democrática de las regiones, ganar pluralismo frente al mando único, frente a la dictadura de un actor armado. "Lo malo no es la participación en política sino la ausencia de pluralismo; hacen política con armas que racionalizan y fortalecen los cacicazgos".
La columnista de Semana.com, Claudia López, presentó un estudio que refleja cómo se fue dando un atípico proceso de consolidación política en las elecciones de Congreso del 2002 y de mandatarios locales del 2003, tras la toma paramilitar de ciertos territorios. ¿Cuál fue la estrategia política? Entre 1998 y 2003, los grupos paramilitares, y algunos sectores de las clases políticas regionales, formularon y aplicaron una estrategia de consolidación política y toma del poder que se vio materializada entre 2002 y 2003, y que había sido precedida por una ola de masacres (éstas aumentaron un 664 por ciento) homicidios selectivos y desplazamiento forzado. La estrategia se basó en la creación y asignación de ‘distritos electorales’ no oficiales donde se designaron los candidatos que debía ganar, ésto en alianza con la clase política tradicional. Los departamentos en donde fue más claro este fenómeno son: Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Córdoba, César y Sucre.
A través de gráficas basadas en datos oficiales de la Registraduría Nacional y la Vicepresidencia de la República, la investigadora mostró la relación entre masacres, homicidios y la toma paramilitar de ciertos territorios. Tras estos fenómenos siguió la posterior “toma política” con alianzas con políticos tradicionales y nuevos para consolidar el control territorial. En algunos casos incluso con candidatos únicos. En esas regiones, candidatos lograron “saltos olímpicos” en el número de votos entre una elección y otra, y llegaron a “conquistar” hasta el 95% del total de la votación en ciertos municipios. Frente a los hechos, planteó que la sociedad colombiana debe entender y enfrentar la situación, de un modo que le permita buscar mecanismos reales para fortalecer una democracia debilitada. Propuso que los políticos involucrados en esas alianzas se sometan a la Ley 782 y reciban indulto político de manera que se re-vinculen al ejercicio democrático legal.
En nombre de los concejales de la Orinoquía, Juan Manuel Toro expresó las dudas e incertidumbres que les genera el proceso de desmovilización. Éstas se relacionan con la gestión de los recursos con quienes antes los señalaban como enemigos; la financiación de las campañas del 2007; los problemas para la creación de empleo que se pueden agravar con la llegada de los desmovilizados a los municipios; la reparación económica de las víctimas; la protección de los concejales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y su participación como líderes en los procesos locales de paz.
Para finalizar, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria respondió a varias de las inquietudes temas que centraron la atención de los participantes en los paneles anteriores.
Pregunta: Se formularon varias preocupaciones sobre el proceso de reincorporación, sobre la legitimación de una toma ilegitima del poder en las regiones por parte de una cultura mafiosa. A ello se suman problemas en la coordinación interinstitucional a nivel local y nacional, así como a la ausencia de las voces de las víctimas y de la cooperación internacional.
JOG. Las organizaciones armadas que apoyaron a políticos corruptos son un fenómeno que desaparecerá en las próximas elecciones. Es un fenómeno relativo porque cuando la sociedad participa, los procesos funcionan. La Ley es un instrumento enmarcado en el proceso de la seguridad democrática. Desde la próxima semana de octubre habrá una Comisión sobre reparación de las víctimas que fijará los temas de verdad, justicia y reparación; no es exactamente una comisión de la verdad, pero se parecerá, a la colombiana.
Pregunta: En el auditorio se sintió pesimismo frente a la afirmación de que se ha perdido una guerra.
JOG: El Estado (del Presidente Uribe) no hace la guerra. Por tanto, que sea una guerra perdida en cuanto a vidas y bienes, es cierto. Ahora bien, este proceso es la aceptación de un hecho, que es bueno para Colombia. Desmovilizarse y entregar las armas le quita poder a los paramilitares, pero siguen las estructuras mafiosas. El gobierno está decidido a enfrentar de lleno este tema, por eso hay importantes decisiones en seguridad: más policías, adquisiciones de material, más formación.
Pregunta: Hay dudas respecto al alcance de la desmovilización. Se plantea que va a ser parcial, por la presencia de las FARC en muchos territorios. También porque van a seguir con las alianzas políticas.
JOG: Si alguien cree que hay un partido político de los paramilitares se equivoca. En lo político no dan un brinco frente a las demás fuerzas políticas.
Amparo Díaz Uribe
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