La improvisación con que se está manejando el tema del censo, compromete la credibilidad del DANE.
A primera vista, el debate sobre las características técnicas del censo de población parece exagerado: una discusión de especialistas con pocas repercusiones para el público en general. Pero la realidad es distinta a la apariencia en este caso: de la oportunidad y la calidad del nuevo censo depende, en buena medida, la correcta ejecución (y el adecuado diseño) de las políticas públicas en los años por venir. Sin censo continuaremos tomando decisiones a ciegas. O, al menos, basadas en estimativos dudosos.
Bastan sólo unos cuantos ejemplos. Más de siete billones de pesos son transferidos cada año a los municipios para atender los costos de la educación pública: las transferencias se hacen con base en estimaciones inexactas de las matrículas municipales.
Se necesita un nuevo censo para validar las cifras usadas, sobre las que existen inmensas dudas. Así mismo, las transferencias para saneamiento básico –dos billones anuales, aproximadamente– se basan en los indicadores de necesidades básicas insatisfechas calculados con base en el censo de 1993. Se necesita un nuevo censo para actualizar estos indicadores, y así hacer justicia con las regiones que experimentaron un retroceso relativo en su desarrollo durante la última década: la zona cafetera, por ejemplo. Y ni qué decir de la necesidad imperiosa de conocer el número de desplazados, o de indígenas, o de afrocolombianos.
Por ello preocupa la improvisación del Gobierno en este tema. El nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó una propuesta que ha generado el rechazo unánime de la academia. Varios parlamentarios han cuestionado no sólo su viabilidad técnica, sino también su legalidad. Más preocupante aún es que la propuesta original, que contaba con el aval de reconocidos técnicos internacionales y que había sido fruto de muchos años de trabajo, se desechó de buenas a primeras. Varios documentos Conpes y unos cuantos decretos (además de muchas horas de estudio) fueron descartados sin ninguna discusión. Ni siquiera en el seno del Gobierno.
Y preocupan también las razones aducidas por el nuevo director a la hora de rechazar la propuesta anterior. De acuerdo con un comunicado de prensa publicado esta semana, "el censo estaba virtualmente aplazado por problemas de financiación".
Olvida el doctor Rojas, o quizás no se ha enterado todavía, que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno incluye una apropiación presupuestal para el censo de 133 mil millones de pesos en 2005, y que el proyecto de adición incluye otra de 23 mil millones en 2004. Y olvida también que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofreció un crédito para financiar la totalidad del proyecto. Para no mencionar los más de 10 mil millones de pesos en convenios firmados o en trámite con entidades nacionales.
Aduce también el nuevo director que "el grupo de expertos internacionales sobre estrategias de reducción de costos de los censos, reunidos en Pretoria en noviembre de 2001, recomendó un Sistema Integrado de Encuestas por muestreo, complementado con un censo demográfico simple y continuo". Valdría la pena anotar que, más allá de este detalle técnico, las conclusiones del documento citado son contrarias a la nueva propuesta, como lo podrá comprobar cualquier cibernauta interesado en:
http://www.unfpa.org/sustainable/docs/data/finalreport.doc
Es difícil saber si detrás de las razones esgrimidas para defender la nueva propuesta existió un ánimo deliberado de confundir a la opinión. O simplemente un desconocimiento de los hechos. Pero sea cual fuere la razón, lo cierto es que la credibilidad del DANE está gravemente comprometida.