Pocos temas han suscitado tanto acuerdo como el que generó en la academia, en varias entidades especializadas y sectores políticos el intempestivo giro del Dane sobre la metodología que se aplicará al censo nacional de población del año próximo. Un cambio que, de realizarse, equivaldría a reemplazar el proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) después de 10 años de estudios y la inversión de cuantiosos recursos, por algo más parecido a un registro de vecindad o un padrón municipal de habitantes.
El censo de población es un asunto muy sensible y serio en cualquier país porque, además, sirve para repartir poder y dinero. Sus cifras se utilizan para establecer el número de representantes a la Cámara por cada departamento y asignar el presupuesto nacional en las regiones. El último se hizo en 1993, tuvo muchas deficiencias y ya estamos en mora de actualizar sus cifras. El Dane ha venido preparando un censo para mayo del año entrante, en el cual se inmovilizaría la población durante un día para aplicar un cuestionario de 50 preguntas.
Pero el nuevo director del Dane anunció un sorpresivo cambio de planes. El censo se haría de un modo muy distinto: sin inmovilizar a la población y a lo largo de un año, lo cual, sostiene, resultará más simple y menos costoso. No es claro si mantendrá el formulario de 50 preguntas para no perder la información socioeconómica ni su comparación con censos anteriores, o si empleará un formulario más corto, con las preguntas mínimas: nombre, parentesco, sexo, edad, raza y estado civil. Si utiliza el formulario corto ahorrará horas-hombre pero perderá la oportunidad de recoger valiosa información sobre ingresos familiares, participación laboral, nivel educativo, características de la vivienda, fecundidad, migración, etc. Si utiliza el formulario largo, el ahorro anunciado desaparecerá porque se necesitarán las mismas horas-hombre a lo largo del año que durante un día con inmovilización.
Uno de los efectos negativos de no inmovilizar a la población y extender la recolección durante un año será que muchas personas podrían ser contadas dos o más veces. Esto es fácil de advertir si se tiene en cuenta que el 60 por ciento de la población colombiana se encuentra en la informalidad, no tiene un punto fijo o trabaja en la calle. Para contrarrestar esta posibilidad, el nuevo director del Dane propone el registro de la huella digital de los censados en un aparato electrónico que alimenta un gran computador central. El problema es que aún no está perfeccionado el software para decidir si dos huellas, de entre 45 millones, son suficientemente similares para ser declaradas iguales, lo que puede generar errores por falsas repeticiones.
Tampoco hay que olvidar los aspectos de seguridad. Si hay inmovilización, con personal autorizado y Ejército en la calle, los funcionarios del Dane serán bienvenidos a las viviendas. Sin inmovilización, la gente sentirá temor de abrir sus puertas a los empadronadores, aunque digan ser del Dane.
Finalmente, y como lo advirtió un respetable grupo de académicos en carta enviada al presidente Álvaro Uribe, el reemplazo del censo por un registro de empadronamiento suscita muchas dudas. La idea de que el Dane comparta la información censal con las autoridades por motivos de seguridad, o para cualquier otro fin, choca con la tradición de confidencialidad estadística respetada en todos los países y pone en peligro la credibilidad del Dane, ya golpeada por las circunstancias que rodearon la salida de su director anterior.
Es insensato desperdiciar los 10 años de preparación de este censo -incluyendo los censos experimentales en San Andrés, Yopal y Soacha-, cuando el proyecto ya pasó todas las instancias oficiales y se encuentra financiado. La improvisación siempre es desaconsejable. Más aún cuando se desprecia tanto trabajo y capital como los ya invertidos en este caso.